Cuando ya parecía que los diputados y los empresarios no podían desprestigiar más la política y al Congreso, llegó la ley Tigo. Es un momento cúspide de la democracia. Nos enseñará si el Presidente está tan vendido como la gran mayoría de nuestros diputados y si el MP y las Cortes pueden juzgar a los políticos y empresarios más importantes de nuestro país.
Hay países en donde la dignidad de los políticos vale menos que verse al espejo y entonces “se concede en usufructo bienes públicos para traer el desarrollo”. Guatemala ha sido parte de esos países entreguistas, llamados repúblicas bananeras. Concesionamos las tierras para la UFCO, la línea aérea, las bandas de celular, todos los canales de televisión abierta, los puertos y aeropuertos, el subsuelo, la energía eléctrica, todo. El 90 por ciento de nuestra historia de casi 200 años como República.
Como ahora estamos en el año 2012 y los asuntos públicos se administran con un poquito más de transparencia; como ahora tenemos una clase media pujante que puede tener dignidad; como ahora tenemos fiscales y jueces que meten presos a militares matones (si la CC no lo revierte), a narcos, a políticos y empresarios; como ahora todo el dinero se puede rastrear, uno pensaría que los políticos no se animarían a conceder como república bananera la banda ancha para teléfonos, la televisión, la radio y el internet para siempre. Miles de millones de quetzales que les pudimos cobrar a las empresas y se perdieron para escuelas, hospitales, seguridad social o el organismo judicial.
Pero casi todo el PP, liderado por Pérez, Baldetti, Sinibaldi y Rivera; la bancada Todos y las otras bancadas de los Alejos; casi todo el bloque de Lider, de Baldizón; y el partido Unionista de Arzú; aprobaron sin discusión la entrega de estos bienes públicos. Ley promovida por la empresa Tigo, propiedad del ex ministro de Comunicaciones del gobierno de Cerezo, Mario López.
Tanto descaro no puede sino recibir dos respuestas de parte de la institucionalidad pública. El presidente Pérez, el que se ofreció en campaña como un institucionalista, un defensor de los intereses nacionales, tiene que vetarla. E independientemente de que la vete, el MP y los jueces (los bancos, que son tan dignos, seguro ayudarán) tienen que llevarlos presos por querernos ver la cara de estúpidos. Si no, ya dejemos de llamarnos democracia y añadamos una palabra al nombre del país: República Bananera de Guatemala.
http://martinrodriguezpellecer.com/2012/11/26/88-republica-bananera-de-guatemala/
Hay países en donde la dignidad de los políticos vale menos que verse al espejo y entonces “se concede en usufructo bienes públicos para traer el desarrollo”. Guatemala ha sido parte de esos países entreguistas, llamados repúblicas bananeras. Concesionamos las tierras para la UFCO, la línea aérea, las bandas de celular, todos los canales de televisión abierta, los puertos y aeropuertos, el subsuelo, la energía eléctrica, todo. El 90 por ciento de nuestra historia de casi 200 años como República.
Como ahora estamos en el año 2012 y los asuntos públicos se administran con un poquito más de transparencia; como ahora tenemos una clase media pujante que puede tener dignidad; como ahora tenemos fiscales y jueces que meten presos a militares matones (si la CC no lo revierte), a narcos, a políticos y empresarios; como ahora todo el dinero se puede rastrear, uno pensaría que los políticos no se animarían a conceder como república bananera la banda ancha para teléfonos, la televisión, la radio y el internet para siempre. Miles de millones de quetzales que les pudimos cobrar a las empresas y se perdieron para escuelas, hospitales, seguridad social o el organismo judicial.
Pero casi todo el PP, liderado por Pérez, Baldetti, Sinibaldi y Rivera; la bancada Todos y las otras bancadas de los Alejos; casi todo el bloque de Lider, de Baldizón; y el partido Unionista de Arzú; aprobaron sin discusión la entrega de estos bienes públicos. Ley promovida por la empresa Tigo, propiedad del ex ministro de Comunicaciones del gobierno de Cerezo, Mario López.
Tanto descaro no puede sino recibir dos respuestas de parte de la institucionalidad pública. El presidente Pérez, el que se ofreció en campaña como un institucionalista, un defensor de los intereses nacionales, tiene que vetarla. E independientemente de que la vete, el MP y los jueces (los bancos, que son tan dignos, seguro ayudarán) tienen que llevarlos presos por querernos ver la cara de estúpidos. Si no, ya dejemos de llamarnos democracia y añadamos una palabra al nombre del país: República Bananera de Guatemala.
http://martinrodriguezpellecer.com/2012/11/26/88-republica-bananera-de-guatemala/
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